• Maria Giménez Baeza

La polémica e inevitable subida del Salario Mínimo Interprofesional

Actualizado: jun 11

El último incremento del SMI en un 5,5% ha generado discrepancias entre los actores económicos que se muestran contrarios y los que lo encuentran insuficiente

Monedes de cèntim. (Pixabay)

Laura García Ortiz, Maria Giménez Baeza, Ana Monfà Arredondo y Ares Oliva Solé, estudiantes de tercero de Periodismo


El 4 de febrero de 2020 el Consejo de Ministros, a través del Real Decreto 231/2020, estableció un nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 950 euros mensuales. Esta cuantía de dinero es la retribución mínima que cualquier empleado debe recibir a cambio de la prestación de un empleo, sin importar sexo, edad o temporalidad del contrato del trabajador.


De este modo, el Salario Mínimo Interprofesional mensual en España aumentó en un 5,5% respecto al del año anterior, pasando de 900 euros a 950. Este incremento del SMI pudo llevarse a cabo gracias al acuerdo de Gobierno entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), los dos principales partidos de izquierdas en España.


Aún habiendo subido el Salario Mínimo Interprofesional, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Izquierda Unida), llegó a asegurar que, incluso percibiendo 950 euros mensuales, no se puede vivir con tal cantidad en España, debido, entre otras cosas, al encarecimiento del precio de la vivienda, en especial, en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla.


Por su parte, el Partido Socialista se marcó como objetivo incrementar gradualmente el SMI para cumplir con lo estipulado en el artículo 4 de la Carta Social Europea, que reconoce “el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso”. Su socio de gobierno, Unidas Podemos pretendía ir más allá y establecer un SMI de 1.200 euros mensuales.


Pero la idea de incrementar aún más el SMI no es recibida con buenos ojos por todas las partes. Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), su presidente, Antonio Garamendi, llegó a calificar de “barbaridad” un posible aumento que dejara el SMI cercano a los 1.000 euros.


De manera similar el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Gerardo Cueva, consideró que un incremento del SMI hasta los 1.000 euros sería “catastrófico” y, aunque 950 euros tampoco es una cantidad que le agrade, son números “menos malos”.


Tanto CEOE como CEPYME acabaron accediendo a la subida del SMI a 950 euros, aunque mostrándose reticentes a una subida aún mayor. En cambio, los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) esperan nuevos incrementos para, como confiesa el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, “darle la vuelta a la situación de pobreza laboral en que viven muchas familias de nuestro país”.


Y es que, percibir una remuneración mensual mínima no es equivalente a obtener una estabilidad económica y un nivel de vida decente, como bien reclama la Carta Social Europea.


LA VISIÓN JURÍDICA DEL DECRETO

El SMI es el valor del salario mínimo que recibe un empleado por la jornada legal de trabajo, independientemente del tipo de contrato que tenga. Concretamente, las personas beneficiadas del incremento establecido, en este 2020, son los trabajadores que cobraban menos de 950 euros al mes o 13.300 al año. Sin embargo, aquellos empleados cuyo salario esté por encima de los 13.300 euros, no observarán ninguna variación de forma directa en su nómina. En cambio, según Anna García, abogada de M&G Consultores, estos sí verán como los límites de las indemnizaciones y de las prestaciones abonadas por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) aumentarán.

El pago del SMI es de obligado cumplimiento para todas las empresas con trabajadores a su cargo. “Se considerará ilegal que un trabajador a tiempo completo cobre menos de 950 euros al mes y que un trabajador a tiempo parcial reciba una retribución por debajo de la parte proporcional. Por ello, muchas empresas indagan en la normativa para poder encontrar medidas o alternativas con el fin de eludir la aplicación del salario mínimo actual, pero cabe decir que todas estas prácticas evasivas son consideradas fraudulentas”, asegura García.


Aunque ciertos actores económicos, como patronales y autónomos, se muestren contrarios, deben cumplir con el Real Decreto 231/2020.


RETICENTES AL SMI

A pesar de las pretensiones, a finales de 2019, de aumentar el SMI hasta los 1.000 euros mensuales, finalmente, se pactó una remuneración mínima de 950. Aunque este incremento pueda resultar insustancial para muchos implicados, lo cierto es que no todos los empresarios han tenido una respuesta positiva ante ello.


Un ejemplo es el de Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Según él, el aumento del SMI puede suponer, en muchos casos, un sobrecoste difícil de asumir para los empresarios. “Muchos autónomos tienen contratadas a personas y, además, al hacerse cargo de sus hijos o de mayores dependientes, entre otros muchos motivos, esta situación les va a resultar insostenible”, reconoce Amor.


Es necesario matizar que esta medida afecta de forma directa a 1,2 millones de autónomos que cuentan con algún trabajador a su cargo. “Es cierto que las pretensiones iniciales planteaban subir el SMI a 1.000 euros. Finalmente se ha pactado 950, así que estamos satisfechos porque es un mal menor”, puntualiza el presidente de la Federación. Lo fundamental para los autónomos es negociar el SMI a través del diálogo, y no mediante “decretazos del Gobierno” que dejen de lado a ciertas partes implicadas.


Desde la ATA manifestaron que no era buen momento subir el salario mínimo en 2020 porque el año pasado se incrementó de golpe un 22%, “No estamos en contra de que suba el salario mínimo, pero hay que dejar respirar un poco a los autónomos”.


Una opinión similar le merece a Yésika Aguilar, miembro del Departamento de Relaciones Laborales y Asuntos Sociales de Foment, la principal patronal catalana. Desde la confederación consideran que un incremento salarial tiene un impacto en el nivel de precios y conlleva una disminución de la productividad, la pérdida de competitividad y el aumento del paro. “Se debería determinar el nivel de salario mínimo dependiendo del tejido productivo, de las empresas, que son las que crean empleo”, reconoce Aguilar.


Yésika Aguilar (Foment): “Hay que tener en cuenta que los incrementos salariales no sustentados en un avance de la productividad de la economía frenarían la expansión del empleo”


España es uno de los 21 países de la Unión Europea que cuenta, desde 1998, con un SMI común tanto para jóvenes como para otros trabajadores. Cierto es que muchos otros países, como Holanda, tienen una escala de salarios mínimos que dependen de la edad, es decir, son variables.

“Nuestro mercado laboral tiene un problema fundamental, como es la elevada tasa de paro. La solución a este desempleo requiere el reingreso de cientos de miles de trabajadores en el mercado, lo cual se ha visto agravado con la actual crisis derivada de la covid-19, tratándose en muchos casos de trabajadores de escasa cualificación o que deben reciclarse en otros sectores, y esto no parece compatible con salarios altos”, asegura. Es por esa razón que considera que no es posible hablar de un SMI óptimo generalizado y unificado.


Para los empresarios, las legislaciones centradas en aumentar el SMI disparan el desempleo y reducen los ingresos de los trabajadores menos cualificados, ya que si el coste mínimo o de referencia es mayor que la contribución que algunos trabajadores realizan a las empresas, estas últimas reducirán la demanda de este tipo de trabajadores.


NECESARIO PERO INSUFICIENTE

Otros sectores económicos creen que la subida del salario mínimo interprofesional a 950 euros es positiva, ya que puede tender a mejorar la calidad de vida de aquellas personas con un salario inferior. Sin embargo, no llega a impactar de una manera importante en el conjunto de la economía del país, puesto que ollo un 8% de la población activa española no alcanzaba este nuevo mínimo, según David Garrofé, secretario general de la Confederación Empresarial Comarcal de Terrassa (Cecot). “Des de Cecot en ningún momento nos opusimos a esta subida, ya que mejora la calidad de vida de algunos colectivos sin un impacto importante en la economía: es un tema de justicia. Además, tener un mayor poder adquisitivo puede animar el consumo”.


Ricard Bellera (CCOO Cataluña): “En Catalunya tenemos un 14,4% de

trabajadores en situación de pobreza laboral”


El aumento del consumo, a su vez, se traduce en un incremento de la riqueza del país y, por lo tanto, de sus ciudadanos y instituciones. Un ejemplo de esto son los países de la Unión Europea: aunque los países más ricos como son Suecia y Noruega no cuentan con un SMI regulado, otros países más cercanos y en mejores condiciones económicas que España, como Francia y Alemania, tienen salarios mínimos que no descienden de los 1.500 euros. Según Antonio Sánchez, delegado sindical de Unión General de Trabajadores (UGT), este sería un salario mínimo óptimo tanto para empresas como para trabajadores en España. Una vía para que el país llegara a este mínimo, y de esta manera alcanzar el nivel de Francia y Alemania en cuanto a riqueza, sería que el Gobierno aplicara una serie de políticas basadas en la “teoría general del trabajo, el interés y el dinero” de John Maynard Keynes, como hizo el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt en 1933 cuando aplicó la teoría de Keynes creando el New Deal, reactivando, así, la economía del país por medio del consumo y de la inversión.

Esta es una de las propuestas de Ernest Pérez-Mas, miembro de la organización empresarial FEMCat y CEO de Parlem Telecom: “El gobierno debería de dejar de gastar en cosas improductivas como el ejército o la policía, que nos convierte en uno de los estados de Europa que más gasta en este concepto. Hace falta un cambio de rumbo total”. Si el Gobierno español aplicara un New Deal del siglo XXI, este podría ofrecer ayudas a todas aquellas empresas que no pudieran afrontar el pago del salario mínimo a sus trabajadores. Además, se podría invertir 9 en tecnología y robotización, como apuntan David Garrofé y Ernest Pérez-Mas: “Cuando los salarios son muy bajos dejas de intervenir en tecnología y robotización porque si tienes mano de obra barata no la necesitas” y “deberían de haber fomentado el emprendimiento y la Innovación y el desarrollo (I+D), así como la economía digital y las formaciones prácticas”, comentan respectivamente.

A su vez, Ernest Pérez-Mas opina que “deberían de haber fomentado el emprendimiento y la Innovación y el desarrollo (I+D), así como la economía digital y las formaciones prácticas”, comentan respectivamente.


Ricard Bellera: “Falta la voluntad de mejorar en

términos de valor añadido y en calidad”


Inicialmente, Unidas Podemos, dentro del Gobierno, propuso subir el SMI a 1.200 euros, lo que provocó reticencias en sectores como la CEOE. Sin ir más lejos, su presidente, Antonio Garamendi, calificó este aumento de ser una “barbaridad”. Sin embargo, otros grupos, como Comisiones Obreras y UGT lo que califican de barbaridad es “la explotación de trabajadores, que las rentas del capital paguen menos impuestos que las rentas de trabajo, o que se pierdan anualmente 70.000 millones de euros en ingresos fiscales por culpa del fraude, la evasión y la elusión fiscal de las grandes empresas”, como cuenta el Secretario de Trabajo y Economía del Sindicato de CCOO, Ricard Bellera i Kirchhoff. Además, el economista Santiago Niño-Becerra afirmó recientemente que sin fraude fiscal no habría déficit, sino un superávit en las cuentas públicas, lo que, si en los últimos veinte años hubiese sido así, España no tendría la deuda pública que actualmente tiene.


Antonio Sànchez (UGT): “Yo le pondría a este señor Garamendi un salario bruto de 1.500 euros mensuales durante un año y lo dejaría en un piso de alquiler en la ciudad de España que él eligiera sin acceso a otros ingresos. Seguro que cambiaría de opinión”


Por otro lado hay que tener en cuenta las necesidades de la población y el coste de vida en el país. “Según datos del CTESC 9 de cada 10 personas trabajadoras en Cataluña no podrían permitirse acceder a una oferta de vivienda de alquiler en Barcelona. La situación es especialmente crítica en el caso de las personas jóvenes”, confirma el secretario de CCOO, Ricard Bellera. Los jóvenes “deberían gastar un 115% de su salario para tener una vivienda de alquiler”, por lo que da a entender que el SMI actual de 950 euros es insuficiente. También hay que tener en cuenta la situación de cada trabajador. Antonio Sánchez, nos dice que un salario de 950 es una cantidad de ingresos notoriamente insuficiente para personas, por ejemplo, con cargas familiares tales como hijos o personas a cargo. No obstante, aunque la subida del SMI de 2020 respecto el año anterior solo haya sido de un 5,5%, la subida del 22% que se hizo en 2019 dificulta la expectativa de que pueda haber un aumento mayor en los próximos dos años. Pese a esto, la Confederación Empresarial Comarcal de Terrassa asegura que en función de diversos condicionantes como el aumento de la competitividad del país y el posible aumento del salario, éste podría experimentar una nueva subida en 2022. De esta manera, aumentando el salario mínimo progresivamente, España debería alcanzar los 1.500 euros de SMI el 2025, como sugiere Ernest Pérez-Mas de FEMCat.


Ricard Bellera: “950 euros serán menos insuficientes como ingreso laboral mínimo, si las personas ven garantizados el resto de derechos”


El Salario Mínimo Interprofesional es una herramienta para garantizar unas mínimas condiciones de vida de las personas. Aun así, la diferencia de ingresos entre la clase media y las élites sigue generando grandes desigualdades. El aumento progresivo de los precios de los productos de consumo hace que los ricos cada vez sean más ricos y los pobres cada vez sean más pobres. Ricard Bellera Kirchhoff se muestra favorable a la creación de un Salario Máximo Interprofesional. “Hemos de pensar en los salarios y en la capacidad de 11 negociación por parte de los trabajadores para poder garantizarse unos ingresos dignos, así como del papel del Estado a la hora de garantizar la distribución de la riqueza y la promoción de la igualdad”. Otra forma de garantizar la distribución de la riqueza sería mediante salarios proporcionales a los ingresos de la empresa, de manera que la diferencia entre el salario de un trabajador y de un ejecutivo no sean tan dispares, como apunta Gonzalo Bernardos en el libro La gran mentira de la economía.


Con esta serie de medidas, España podría aumentar los salarios de sus trabajadores pudiendo competir con el de otros países de la Unión Europea.


VISIÓN DE FUTURO

Como se ha visto, los diferentes actores económicos tienen opiniones distintas en lo que respecta al SMI establecido en este 2020. A pesar de que, en un principio, algunos de ellos, como las patronales, se mostraron reticentes al aumento del salario mínimo, finalmente se pudo llegar a un acuerdo y situar la cifra en 950 euros mensuales.


En cuanto a un futuro incremento del SMI, a diferencia de lo que se pueda esperar de las patronales, como ATA y Foment, las cuales tienden a mostrarse contrarias a las subidas de las rentas, organizaciones como CECOT están dispuestas a dialogar dicha subida para beneficiar a los trabajadores y, asimismo, otorgarles más recursos para que puedan comprar e invertir en la economía.


Pese a que la última subida del SMI fue de 50 euros, cabe destacar que la anterior a esta - de 2018 a 2019 - fue de 164 euros en las pagas mensuales. Ello, unido a la difícil coyuntura económica en la que nos encontramos actualmente a causa de los efectos de la pandemia del coronavirus, dificulta la posibilidad de un nuevo aumento del SMI, tal y como piden algunos colectivos como Comisiones Obreras. Sin embargo, es inútil negar una nueva subida del salario mínimo dada la existencia de un sistema económico en continuo cambio y que debe adaptarse a las necesidades de la población.


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